La ley de dependencia apenas llega a un 4% de los enfermos mentales

La mayoría no pide ayuda pública por desconocimiento y temor al rechazo social

EL PAIS.
CARMEN MORÁN – Madrid – 11/04/2011

No se pensó para los enfermos mentales, por eso, aunque en última instancia se les incluyó bajo el paraguas que daría cobertura a todas las discapacidades, el sistema está acusando deficiencias en la protección de estas personas. No hay un solo escalón para acceder a las ayudas en el que no tropiece la enfermedad mental. Quizá por eso apenas están en el sistema de dependencia entre un 1% y un 4% (dependiendo del tipo y gravedad de enfermedad mental que se considere) del total de las personas que padecen estas enfermedades en España.
Los expertos piden coordinación sociosanitaria para estos casos
No llegan al sistema, no reciben las prestaciones, y lo que es más grave: no las solicitan. Las reclamaciones de ayuda de estos enfermos solo representan el 1% del total de las recibidas por dependencia, según los datos que conoce Feafes, (confederación de familiares y personas con enfermedad mental), y que aún no se han publicado oficialmente.
Efectivamente, la solicitud es el primer (y quizá el más grave) obstáculo para estas personas. Los enfermos mentales (esquizofrenia, bipolares, patologías duales, entre otros) «no acceden al sistema de dependencia por desconocimiento o por estigma», reconoce José María Sánchez Monge, presidente de Feafes. Por eso, Feafes-Andalucía tiene en marcha una campaña para formar y comunicar a las familias y los técnicos de las asociaciones cómo sortear este primer obstáculo.
Una vez pasado ese trámite llega la valoración del solicitante, su diagnóstico. El baremo que se usa actualmente no calibra con corrección la dependencia de estas personas. Se diseñó para medir la discapacidad física, si un anciano, por ejemplo, puede comer sin ayuda, levantarse de la cama, ir al baño. «Con los enfermos mentales esto no sirve, porque ellos no tienen carencias anatómicas, pero sí ejecutivas, que les impiden desempeñar funciones básicas para la vida diaria a pesar de estar dotados físicamente para ello», explica Julio Boves, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo y miembro del consorcio de investigación Cibersam, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Boves está convencido de que esto se solucionará con el nuevo baremo que se está diseñando y que estará listo, dice, para 2012. «Determinantes serán también los cursos de 60 horas que recibirán los evaluadores y el manual que se está redactando para mejorar y unificar los criterios de diagnóstico», a juicio de Boves, que coincide con el presidente de Feafes en este extremo.
Pero, por ahora, solo hay 17.000 enfermos mentales en el sistema de la dependencia (de un total de 720.000) y, a decir de los expertos, nada garantiza que estén bien valorados. «También hay enormes diferencias por comunidades a la hora de evaluarlos», añade Boves. «La realidad, por ahora, es que hay una insuficiente captación del grado de dependencia», dice este psiquiatra.
Los datos que conocen en Feafes indican que a unos 6.000 se les habría otorgado el grado máximo de dependencia mientras que 5.600 quedan un escalón por debajo, en dependencia severa. Otros 4.000 solo han sido calificados como dependientes moderados. «El grado II (dependencia severa) puede ser adecuado, pero no creemos que estén siendo bien valorados estos enfermos», insiste Sánchez Monge. «El trastorno mental grave siempre necesita apoyo, unas veces más y otras menos, pero siempre necesita apoyo», dice. «Estos enfermos son dependientes, si no salen en la foto es por el foco de la cámara», ejemplifica Boves.
La prueba irrefutable de que el baremo actual no es eficaz con estas personas es que se está reformando, entre otras cosas, como reconoció el Gobierno en su día, para ajustar la cobertura que merecen estos usuarios.
Pasado el (mal) trago de la valoración, siguen los problemas. «No hay muchos recursos para estas personas, y cuando los hay tampoco son siempre los adecuados. Muchas veces necesitan periodos de internamiento, pero los recursos existentes y la ley no facilitan la entrada y salida de las residencias. Esa es la razón de que algunos de ellos acaben, en ocasiones, abandonados en la calle, o en la cárcel, cuando tienen conductas violentas», explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Los responsables políticos de la dependencia y los expertos están debatiendo métodos de coordinación sociosanitaria que pudieran ajustarse a las necesidades de estos usuarios. «Se precisa además, un seguimiento de la situación de estas personas, que no se está haciendo, precisamente para evitar que puedan abandonar las ayudas recibidas y perderlas», señala Ramírez.
Desde Feafes solicitan también que los valoradores de la dependencia «tengan en cuenta las declaraciones de los familiares respecto a estas personas, porque ellos dirán lo que el dependiente no quiere o no puede decir», explica Sánchez Monge. La presidenta de Feafes-Andalucía, Concha Cuevas, critica que los enfermos mentales «son los excluidos de la ley de dependencia».
Con residencia concedida y en la calle
Patricia Visedo, la directora de los Servicios Sociales de Ceutí (Murcia), encontró a la mujer por la calle, a pleno sol. Caminaba medio perdida, con su andador, completamente desorientada, apenas sin pronunciar palabra. La llevó a su casa. Visedo se encarga de este caso desde hace años, antes de aprobarse la Ley de la Dependencia. Una mujer de unos 48 años maltratada por la vida: un marido agresor, alcoholismo, pérdida de la custodia de las hijas… Y luego la enfermedad: siringomielia, escoliosis, psicosis, síndrome de Guillain-Barre, trastorno paranoide de la personalidad. Con ese cuadro solicitaron para ella el ingreso en un centro, ahora sí, por la Ley de Dependencia, y al cabo de un tiempo consiguieron que viviera en una residencia para enfermos mentales en Jumilla. Pero la hija mayor fue a verla por Navidad y se la llevó a casa. «No tienen buenas relaciones, pero la vio medicada, estabilizada y le dio pena. Querían cambiar la residencia por la paga familiar», explica Visedo. «Se encabezonaron con eso, pero las condiciones de la familia no eran las adecuadas para cuidar de nadie».
Mucho antes de recibir esa paga la situación, como se esperaba, se deterioró, así que las trabajadoras sociales volvieron a solicitar una residencia. La mujer ya había perdido su plaza en la anterior. «Después de doscientos mil informes y un último avisando de que la situación era ya de emergencia, conseguimos que le concedieran una plaza para discapacitados físicos en el pueblo, en Ceutí», asegura Visedo.
No era más que un espejismo. Lo que se había conseguido en la Oficina de la Dependencia se fue por el sumidero en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que es donde se hacen efectivos los recursos concedidos. «Nos dijeron que había sido un error conceder esa plaza y nos volvimos a la Oficina de la Dependencia para solucionarlo», sigue Visedo. La residencia de Ceutí no era para enfermos mentales, dijeron. «Pero ella también es discapacitada física, además de mental, porque su conducta no es disruptiva, ni mucho menos, si casi ni habla. Y ahora tienen plazas de sobra, nos lo han dicho allí», se queja Visedo.
La mujer está, pues, reconocida como dependiente y tiene un centro concedido para ingresar, pero no puede. Es como si tienes una apendicitis y nadie te opera. O una plaza concedida en un colegio pero se niegan a escolarizar al alumno. En la oficina pusieron la palabra ‘anulado’ en el expediente de la mujer y sugirieron a Visedo que rompiera su copia con la resolución favorable. Ella contestó que nanay.
Volvieron al IMAS. «Allí nos preguntaron, como enfadados, que cuántas veces la íbamos a ingresar. ‘Las que hagan falta’, les dije». Las trabajadoras sociales se prestaron incluso a hacer de guardadoras en este caso, sin éxito. «Me dijeron que en septiembre ya verían y que enviara más informes. Yo no mando más notas, si no nos dan ese centro, que nos den otro, pero ¿cómo vamos a esperar a septiembre? Es una urgencia».
El asunto lo han llevado al Defensor del Pueblo en Murcia, que lo está tramitando.
Para que la enfermedad no domine la voluntad de la mujer y permanezca ingresada había que incapacitarla, pero tras varios intentos, no se ha conseguido. «Ahora está abandonada, la vemos por la calle cada dos por tres. La hija está harta y acabará por echarla de casa. Este asunto me genera una impotencia…», confiesa Visedo.
Primeros datos
La escasez de datos sobre el sistema de dependencia es clamorosa, pero hay algunos en alguna comunidad.
– Andalucía. Un 10% de los enfermos mentales graves ha solicitado ayuda y 3.247 están atendidos. Representan el 1,7% del total. Las solicitudes representan, a su vez, un 1,2%.
– Castilla y León. Los enfermos mentales suponen el 2,5% del total de atendidos. Cuentan con un proyecto de coordinación sociosanitaria en Zamora que se extenderá a toda la región.